Con el respaldo de habitantes de los 11 municipios de Quintana Roo, organizaciones ambientalistas presentaron ante el Congreso del Estado cuatro iniciativas ciudadanas para reformar leyes relacionadas con el desarrollo urbano, la protección civil y el marco penal. El objetivo es frenar las construcciones irregulares que afectan ecosistemas como manglares, humedales y cenotes.
Las propuestas, denominadas Ley Solimán, Ley Pok Ta Pok, Ley Tajamar y Ley de Movilidad Sustentable, buscan modificar disposiciones específicas de la Ley de Asentamientos Humanos, la Ley de Acciones Urbanísticas, la Ley de Protección Civil y el Código Penal estatal, sin crear nuevas leyes. Las iniciativas fueron entregadas durante la madrugada en la Oficialía de Partes del Congreso, solicitando su análisis mediante un parlamento abierto, con participación de sectores sociales y académicos.
“Estas iniciativas surgen del trabajo conjunto entre colectivos, ciudadanos y expertos. Lo que queremos es un Quintana Roo más protegido y con desarrollo urbano responsable”, expresó Antonella Vázquez Cavedon, presidenta de la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y una de las impulsoras del paquete legislativo.
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La Ley Tajamar, explicó Vázquez, propone que los programas de desarrollo urbano incluyan los Atlas de Riesgo municipales, actualmente ausentes en la legislación.
“Esa herramienta no se menciona en la Ley de Asentamientos Humanos, y debería estar. Si la incorporamos como un candado legal, trabajos como el de Cenotes Urbanos se volverán herramientas oficiales para proteger el territorio”, señaló.
La Ley Pok Ta Pok busca que se realicen estudios de capacidad de carga ambiental antes de autorizar cambios de uso de suelo, tomando como ejemplo el drenaje sanitario en la zona hotelera de Cancún.
Por su parte, la Ley Solimán propone sanciones penales de hasta seis años de prisión para desarrolladores y funcionarios públicos que autoricen construcciones sin permisos o estudios de impacto ambiental.
“Queremos que los delitos contra el desarrollo urbano estén bien definidos. Hay construcciones sin permisos que dañan los mantos freáticos y no hay consecuencias. Eso debe cambiar”, añadió Vázquez.
Finalmente, la Ley de Movilidad Sustentable propone que los proyectos urbanos incluyan planes que prioricen al peatón y el transporte limpio. Las iniciativas fueron firmadas por al menos un ciudadano de cada municipio del estado y se promueven también a nivel nacional mediante una campaña en Change.org, donde se invita a la ciudadanía a sumarse con firmas digitales.
“Estamos adelantando el trabajo que debería hacer el Congreso. Ponemos nuestro conocimiento y esfuerzo al servicio de Quintana Roo”, concluyó Antonella Vázquez.