La profesionalización en el sector inmobiliario de Quintana Roo ha mostrado un avance notable en los últimos meses. Desde que en septiembre de 2024 entró en vigor la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado, el número de asesores registrados pasó de 330 a mil 553 en mayo de 2025, lo que representa un crecimiento de 4.7 veces en la matrícula oficial.
Gabriela Peña, directora de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), señaló que este proceso es clave para garantizar la certeza jurídica en las operaciones de compraventa.
“La actividad inmobiliaria representa la tercera fuerza económica en Quintana Roo, después del turismo y la construcción. Por eso es fundamental contar con asesores capacitados, que ofrezcan seguridad a los inversionistas”, indicó.
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La legislación otorgó un plazo de un año para que todos los actores del sector pudieran regularizar su situación. A pocos meses de que finalice ese periodo, la respuesta ha sido positiva. Peña destacó que la regulación permite construir un mercado ordenado y confiable, además de contribuir a erradicar prácticas informales que pueden poner en riesgo el patrimonio de los ciudadanos.
“Hoy los ciudadanos pueden consultar en línea si el asesor con el que tratan está matriculado. Si no aparece en el padrón oficial, existe el riesgo de estar en manos de alguien sin la preparación necesaria”, advirtió.
Como parte del proceso, la Sedetus ha implementado un plan anual de capacitación que incluye talleres, cursos y certificaciones. Estos contenidos permiten a los asesores cumplir con las horas requeridas por la ley para obtener o renovar su matrícula. Actualmente, las matrículas tienen una vigencia de dos o cuatro años, y su costo es considerablemente menor al que se cobraba anteriormente, cuando podía alcanzar los 14 mil pesos.
Irving Osorio, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Bacalar, reconoció el esfuerzo conjunto que están haciendo tanto asesores con trayectoria como nuevos integrantes del gremio.
“Profesionalizarnos es lo que nos da veracidad y certidumbre. Eso es lo que busca el cliente: confianza y seguridad en sus inversiones”, comentó.
Finalmente, Gabriela Peña hizo un llamado a quienes aún no han cumplido con este requisito legal:
“Calculamos que hay entre cinco mil y siete mil personas dedicadas al sector en todo el estado. Si bien hemos avanzado, aún falta mucho por hacer. Queremos que más asesores comprendan que estar matriculado no solo es una obligación legal, sino una herramienta clave para ofrecer un mejor servicio”, concluyó.