Tras cuatro meses de haber asumido la dirigencia del Sindicato de Taxistas de Cozumel, se realizará una auditoría a la pasada administración ante la gran cantidad de anomalías y desorden encontrados en todos los sectores del sindicato, según comentó el actual secretario general, Jorge Basto Estrella.
Explicó que, luego de realizar diversas verificaciones, se percataron de algunas faltas económicas. Aunque no reveló la cantidad, precisó que se ha estado trabajando para restablecer este aspecto dentro del sindicato, ya que les entregaron muy poco. Se mantiene aún la cautela de no divulgar montos hasta que se concluya la auditoría, la cual, aseguró, es necesaria.
“Está autorizada la auditoría por la asamblea, inicia en este mes de mayo, y esperamos que en máximo dos meses podamos saber del faltante, porque sí falta bastante y nosotros queremos saber bien qué pasó”, declaró, señalando que espera con paciencia los resultados de las revisiones a las cuentas dejadas por Efraín Payán Tejero, su antecesor al frente del sindicato.
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Sin embargo, indicó que no ha sido nada fácil retomar el orden al interior del sindicato, pues en todas las áreas hallaron desorganización, tanto en la atención a socios como a los martillos u operadores. Ahora se busca establecer un nuevo cauce para mantener a flote al sindicato, que cuenta con más de 2 mil 500 socios y operadores.
Entre las irregularidades económicas detectadas están los apoyos a viudas de operadores y socios, las becas para hijos de taxistas, y otros fondos cuyo destino aún se desconoce. La actual administración ha buscado atender estos casos, cubriendo los faltantes y brindando atención a las personas perjudicadas.
Asimismo, señaló que han estado en contacto con el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) y con autoridades estatales, con el fin de lograr finalmente la entrega de los títulos de concesión para cerca de 200 taxis que operan con permisos especiales renovados cada año. Algunos de estos pertenecen a socios ya fallecidos, cuyas concesiones deben ser entregadas a sus deudos.
Estas problemáticas, dijo, se tratarán de resolver finalmente, ya que algunos casos llevan casi una década sin solución, y las unidades operan apenas con un permiso, sin la placa y concesión definitiva que proporcione certeza jurídica a sus poseedores.