La falta de espacios accesibles y estacionamientos designados para personas con discapacidad ha encendido un nuevo debate entre organizaciones civiles y autoridades municipales. Durante una reunión sostenida esta semana con regidores locales, el activista Miguel Barragán, defensor de los derechos de las personas con discapacidad en Quintana Roo, expuso las múltiples omisiones que han dejado en desventaja a este sector de la población, particularmente en las zonas administradas por la empresa Playa Park.
“Tenemos fotos que documentan cómo espacios que antes estaban designados para personas con discapacidad ahora han sido convertidos en parquímetros. Es una omisión grave que no solo contradice la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, sino que también evidencia una falta de fiscalización real sobre las concesiones otorgadas a Playa Park”, señaló Barragán durante su intervención.
El problema va más allá de la mera señalización. El activista recalcó que la accesibilidad debe contemplarse de forma integral: rampas inexistentes, escaleras sin alternativas y elevadores fuera de servicio son elementos que limitan diariamente el derecho al libre tránsito y la autonomía de las personas con discapacidad.
“Cada vez que no hay una rampa o el elevador no funciona, eso es discriminación. Necesitamos un cambio que atraviese todas las comisiones del municipio, desde Desarrollo Urbano hasta Tránsito”, subrayó.
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Uno de los ejemplos más notorios se localiza en la avenida 15, cerca de la calle Juárez, donde recientemente se rehabilitó un parque. Antes de las obras, existían cajones exclusivos para personas con discapacidad; sin embargo, después de las remodelaciones y la instalación de nuevos parquímetros, dichos espacios desaparecieron.
“No solo quitaron los cajones, sino que ahora están concesionados a Playa Park. Tenemos las fotografías que documentan este cambio, y es una muestra clara de cómo se prioriza el negocio sobre la inclusión”, explicó Barragán.
Si bien la empresa Playa Park argumenta que los vehículos con placas o calcomanías oficiales de discapacidad no pagan el parquímetro, los afectados sostienen que esta medida es insuficiente.
“Cuando hay un evento en la zona centro, como la Feria del Carmen o cualquier otro, simplemente no hay dónde estacionarnos. Los accesos están bloqueados, hay cables por todos lados… no se piensa en las personas que usamos sillas de ruedas”, denunció.
Hasta ahora, solo dos o tres regidores han respondido a los llamados de estas agrupaciones, pero la apertura reciente a discutir el tema deja un margen de esperanza.
“Si los regidores realmente se comprometen a trabajar de la mano con la sociedad civil y las personas que conocemos y vivimos estas limitaciones a diario, sí se puede lograr un cambio verdadero”, afirmó Barragán.
El activista insistió en la necesidad de realizar un estudio profundo y coherente sobre la situación actual de los estacionamientos, pero también exigió capacitación continua para los funcionarios municipales en temas de inclusión.
“No es solo un tema de tránsito, es de desarrollo urbano, de administración pública… de cultura de derechos humanos”, concluyó.
Por ahora, las organizaciones seguirán documentando las irregularidades y exigiendo mesas de trabajo en las que la voz de las personas con discapacidad no solo sea escuchada, sino tomada en cuenta en la toma de decisiones que definan la movilidad y accesibilidad en Playa del Carmen.