Ante la creación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada por el Gobierno Federal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Quintana Roo cerró filas junto con otras representaciones del país, expresando su desaprobación a la iniciativa que, aseguran, podría censurar la libertad de expresión de medios de comunicación y de la ciudadanía inconforme. Así lo manifestó Cora Amalia Castilla, nueva dirigente estatal del tricolor en la entidad.
“El PRI apoya impedir la compra de propaganda por parte de gobiernos extranjeros, pero no permitirá que se utilice este pretexto para imponer una ley regresiva que reprime al sector, a los usuarios y a la libertad de expresión”, señaló.
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Castilla criticó que la propuesta legislativa atropella el debido proceso, al haber sido construida "al vapor", pues una iniciativa de más de 300 páginas y 283 artículos no puede analizarse en menos de 24 horas.
“Esto es una simulación de parlamento, no una deliberación seria”, sentenció.
La dirigente estatal advirtió que el artículo 109 de la nueva ley abre la puerta a la censura y distorsiona el mercado de las telecomunicaciones, ya que autoriza el bloqueo de plataformas digitales sin una orden judicial, bajo control administrativo, lo cual calificó como “autoritarismo puro disfrazado de regulación”.
Asimismo, alertó que permitir concesiones de uso comercial a entes públicos sin reglas claras ni contraprestaciones eliminaría la competencia y pondría en riesgo la neutralidad de las redes.
Finalmente, Castilla expresó su preocupación ante la transformación de órganos autónomos en agencias bajo control del Ejecutivo federal, lo que consideró un retroceso autoritario que politiza la regulación.
“El gobierno afectaría también a los concesionarios sociales, controlándolos y obligándolos a reportar ingresos y destino de recursos, lo que abre la puerta a persecuciones políticas y a silenciar voces comunitarias o indígenas que incomodan al poder”, concluyó.