La segunda industria más importante de Quintana Roo atraviesa una severa crisis. La actividad cañera, que durante décadas ha sido uno de los principales motores económicos de la zona sur del estado, se encuentra en riesgo debido al impacto de plagas, bajos precios y falta de apoyos institucionales. Ante esta situación, los productores de caña se manifestaron frente al Palacio de Gobierno en Chetumal para solicitar un rescate emergente.
Con cultivos devastados por plagas como el hongo fusarium, la cochinilla algodonosa y el gusano barrenador, la zafra 2024-2025 es considerada un desastre por los propios productores. Estiman pérdidas superiores a los mil 200 millones de pesos, lo que ha dejado a más de 20 mil familias al borde de la insolvencia, muchas de ellas en cartera vencida por los créditos adquiridos con el ingenio San Rafael de Pucté.
Encabezados por Benjamín Gutiérrez Reyes, presidente de la Asociación Local de Productores de Caña (CNPR), y Sergio Crisanto Mortero, líder de la Unión Local de Productores de Caña (ULPCA), los agricultores presentaron una serie de demandas concretas al gobierno estatal. Entre ellas, un apoyo económico de siete mil pesos por hectárea siniestrada, la entrega de 500 kilogramos de fertilizante por hectárea, tratamientos fitosanitarios para controlar el fusarium, así como un paquete foliar y acciones para combatir otras plagas que afectan la raíz de la caña.
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También propusieron la creación de un programa especial de rescate, similar a Sembrando Vida, que permita implementar cultivos alternos como granos y leguminosas para mejorar los suelos mediante la rotación de cultivos. Esta estrategia, señalaron, podría ser clave para garantizar la sostenibilidad de la agroindustria cañera en la región.
La producción de caña se desarrolla actualmente en unas 29 mil hectáreas, y desde hace 47 años sostiene a cerca de 10 mil familias de manera directa, además de otras 15 mil de forma indirecta, incluyendo cortadores, transportistas, obreros, y trabajadores del ingenio. No obstante, desde 2014 esta actividad dejó de ser rentable debido al incremento de los costos y la caída de los precios del azúcar, que este año se desplomaron de $1,380 a $800 por tonelada.
Durante el diálogo con los productores, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Jorge Carlos Aguilar Osorio, y el subsecretario de Gobierno, Nabil Eljure Terrazas, acordaron instalar una mesa de trabajo para analizar soluciones conjuntas. Con esto, los cañeros suspendieron, por ahora, la intención de bloquear la carretera Chetumal-Bacalar.
Sergio Crisanto advirtió que muchos productores ya no podrán pagar sus cuotas al Seguro Social, lo que agravará aún más su situación económica.
“Solo el 30% podrá cubrirlo este mes. El resto está en riesgo de perder derechos básicos”, afirmó.
Los líderes cañeros insisten en que el respaldo de la gobernadora Mara Lezama es fundamental para evitar un colapso social. Advirtieron que si no se atienden sus demandas, las afectaciones podrían escalar a niveles críticos, afectando la paz social y la estabilidad económica de toda la región.