QUINTANA ROO

Ejidatarios rechazan intento de imponer área natural protegida en Bacalar

Señalan antecedentes similares en Sian Ka’an y acusan que este tipo de medidas frena el desarrollo económico y desplaza a los habitantes locales bajo el pretexto de la conservación ambiental.

LOCAL

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Representantes ejidales reiteran su rechazo a la imposición de un ANP en Bacalar.Créditos: Efraín Castro

Representantes ejidales y organizaciones comunitarias del sur de Quintana Roo alertaron sobre un nuevo intento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de imponer un Área Natural Protegida (ANP) en la Laguna de Bacalar, bajo el argumento de frenar los daños ambientales provocados por la construcción de una casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la ribera de la laguna.

Roberto Salgado Sangri, presidente del Consejo Comunitario de la Cuenca de la Laguna de Bacalar, denunció que esta estrategia busca replicar lo que ocurrió en la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, donde —afirmó— ejidatarios y comunidades mayas fueron desplazados de zonas que históricamente les pertenecen, para favorecer intereses de la asociación Amigos de Sian Ka’an, con el respaldo de autoridades federales y estatales.

Comunidades aseguran haber implementado estrategias de conservación sin intervención federal.

Salgado recordó que desde 2016, esta asociación civil, financiada por la Conanp y respaldada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), promovió un Estudio Previo Justificativo para declarar como ANP más de 219 mil hectáreas que abarcarían la laguna de Bacalar, otras lagunas vecinas y la costa de la Bahía de Chetumal. Esta propuesta fue rechazada por comisariados ejidales de al menos 12 núcleos agrarios que serían afectados.

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Los ejidatarios sostienen que una declaratoria de ANP entregaría el control del territorio a organizaciones privadas, desplazando a las autoridades locales y frenando el desarrollo económico en la zona. Señalan que bajo este esquema se limitan inversiones y se provocan consecuencias como pobreza y delincuencia.

Organizaciones locales advierten que una ANP limitaría el desarrollo económico de la región.

Desde 2017, ejidos y organizaciones locales han manifestado su oposición, argumentando que ellos mismos han destinado áreas a la conservación ambiental sin necesidad de declaratorias oficiales. Además, acusan a las autoridades ambientales de obstaculizar el desarrollo sustentable al imponer excesivos trámites, mientras permiten actividades nocivas como la deforestación en zonas altas y el paso de aguas contaminadas por agroquímicos.

Aseguran que, lejos de atacar las verdaderas causas del deterioro ambiental, se busca responsabilizar al turismo y desplazar a los propietarios originales para beneficiar a académicos, políticos y empresarios. Citaron como ejemplo otros casos en la Bahía de Chetumal, Sian Ka’an y Yum Balam, donde, según dijeron, se ha marginado a las comunidades locales.

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