En la capital del estado, hasta 500 rampas destinadas para el uso de personas en silla de ruedas se encuentran obstruidas o inutilizables debido a la falta de una planeación inclusiva en obras públicas. Así lo denunció la organización civil Unificación Integral Quintanarroense, que trabaja en la defensa de los derechos de personas con discapacidad.
Su presidente, Cristian Muñoz Castillo, señaló que durante auditorías ciudadanas realizadas por la asociación se detectaron numerosos casos en los que la infraestructura urbana —como postes, señalizaciones o nomenclaturas— impide el acceso libre y seguro para personas con movilidad reducida. Esta situación no solo se presenta en Chetumal, sino también en otras localidades del estado.
“Desgraciadamente, no se ha integrado una verdadera perspectiva de inclusión en las obras públicas. Se construyen accesos que luego resultan inservibles por la colocación de obstáculos o por no seguir medidas universales de accesibilidad”, explicó Muñoz.
El activista hizo un llamado directo a la Gobernadora del Estado para que, desde el inicio de cada proyecto, se contemple una visión más amplia y respetuosa de la movilidad de todas las personas.
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“No se trata de construir y después corregir. Pedimos que se tomen medidas preventivas y que se escuche a quienes vivimos esta realidad todos los días”, dijo.
Uno de los señalamientos más relevantes es que en los comités de contraloría social, encargados de supervisar y vigilar las obras, no se incluye la participación de personas con discapacidad. Muñoz propuso que estos órganos incorporen a profesionistas que vivan con alguna discapacidad —como arquitectos o ingenieros— quienes pueden aportar conocimiento práctico y técnico para evitar errores comunes en la construcción de espacios públicos.
Además, criticó que hasta el momento ninguna empresa constructora haya mostrado interés en integrar estos perfiles dentro de sus equipos.
“Incluir a personas con discapacidad no solo es un acto de justicia, también es una decisión inteligente que beneficia a toda la comunidad”, afirmó.
Actualmente, la asociación trabaja con la Dirección de Obras Públicas del municipio de Othón P. Blanco para reparar o adecuar gradualmente las rampas dañadas. Sin embargo, el proceso ha sido lento y requiere mayor voluntad institucional.
Finalmente, Muñoz pidió a las autoridades estatales y municipales actuar con mayor responsabilidad para no repetir errores del pasado.
“Lo que buscamos no es señalar culpables después de que ya se hizo la obra, sino evitar desde el principio que las obras públicas se conviertan en barreras”, concluyó.