En una medida sin precedentes en el estado, el Congreso de Quintana Roo recibió una iniciativa que propone reformar el marco jurídico local para castigar como corrupción de menores a quienes distribuyan, vendan o promuevan el uso de cigarrillos electrónicos a niños y adolescentes. La propuesta fue presentada por el diputado Hugo Alday Nieto, quien advirtió que estos dispositivos son una “puerta de entrada a la adicción a la nicotina”.
Durante la presentación de la iniciativa, el legislador explicó que el objetivo principal es frenar el avance del consumo de vapeadores entre la población joven, al considerarlo un acto de violencia moderna y una amenaza directa contra la salud pública. La iniciativa busca reformar el artículo 13 de la Constitución Política del Estado y el artículo 191 del Código Penal, a fin de sancionar a quienes fomenten el uso de estos dispositivos entre menores.
El diputado señaló que la reforma se alinea con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2025, en el que se prohíbe toda actividad relacionada con vapeadores y dispositivos similares. Esta medida a nivel federal refuerza el derecho a la protección de la salud, ahora adoptado en el ámbito estatal.
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Alday Nieto respaldó su propuesta con cifras alarmantes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), entre 2016 y 2017, un 6.5 % de los adolescentes entre 12 y 17 años en México admitió haber probado los cigarrillos electrónicos. Más de 160,000 menores reportaron ser consumidores habituales, lo cual ha generado alertas en autoridades de salud por tratarse de un punto de inicio hacia la adicción a la nicotina.
Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierten que los vapeadores contienen metales pesados, nicotina y compuestos cancerígenos, que afectan especialmente al cerebro en desarrollo de niños y adolescentes. El uso temprano de estos dispositivos triplica la posibilidad de que se inicie el consumo de cigarro convencional y se ha relacionado con trastornos de ansiedad, depresión y deterioro pulmonar.
“La venta de vapeadores a menores no es un descuido: es una forma intencionada de mercantilizar la salud de quienes aún no tienen voz. Esta iniciativa no solo busca castigar, sino también prevenir”, expresó el diputado.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso y se espera que en próximas sesiones se inicie el análisis detallado.