Con la entrega de credenciales a funcionarios públicos, el municipio de Benito Juárez dio inicio este 30 de abril a la campaña “Cero Corrupción”, la cual se compone de diversos ejes enfocados en la transparencia y el combate frontal a malas prácticas dentro del gobierno.
La presidenta municipal, Ana Paty Peralta de la Peña, explicó que todos los trabajadores municipales estarán obligados a portar su gafete oficial, el cual incluye un código QR. Este permite a los ciudadanos consultar la descripción del cargo del servidor público, confirmar si está habilitado, conocer sus funciones, e incluso presentar quejas directamente ante la Contraloría.
“Hoy lo digo fuerte y claro: nuestro compromiso es cero corrupción, y quien no quiera entenderlo, quien no cumpla, se evidenciará solo y no tendrá cabida en nuestro gobierno”, sentenció.
Peralta de la Peña recordó que en los últimos tres años, 192 funcionarios han sido sancionados tras ser investigados por quejas ciudadanas relacionadas con su desempeño.
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Asimismo, enfatizó que si bien el gobierno tiene la obligación de actuar con transparencia, la ciudadanía también tiene una corresponsabilidad al no fomentar actos de corrupción y al denunciar cualquier irregularidad.
“La ciudadanía tiene que apoyarnos a denunciar y no buscar ventajas o evitar cumplir con lo que les corresponde. Necesitamos ser impecables y hacer un esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad, por eso lanzamos esta cruzada”, declaró.
La campaña “Cero Corrupción” contempla cinco acciones clave:
- Entrega de gafetes con identificación oficial a inspectores, verificadores y notificadores.
- Inclusión de códigos QR para facilitar la denuncia ciudadana.
- Instalación de cajeros automáticos para agilizar y transparentar pagos.
- Pagos en línea, sin intermediarios.
- Verificación digital de recibos oficiales.
Por su parte, el contralor municipal, Hilario Gutiérrez Valasis, indicó que se busca facilitar la denuncia ciudadana de forma accesible, anónima y segura. Además, recalcó que las sanciones para los servidores públicos pueden ir desde una llamada de atención hasta inhabilitaciones, multas o incluso prisión y reparación del daño.
“Cuando el ciudadano levanta una queja, esta va directamente al área de investigación y se inicia un proceso dentro de la Contraloría, todo con protección y sin afectar al denunciante”, concluyó.