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Avance exitoso de la ley de expropiación de Quintana Roo

La colaboración entre el sector empresarial y el gobierno estatal está creando una legislación más justa y transparente, que impulsa el crecimiento económico y la competitividad de la región.

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La Ley de Expropiación garantizará un equilibrio entre desarrollo y derechos de propiedad. Créditos: Ernesto Escudero
Créditos: Ernesto Escudero
Créditos: Ernesto Escudero

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), Javier Olvera Silveira, celebró el esfuerzo del gobierno del estado en torno a la revisión y modificación de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio.

Indicó que la correcta legislación de dicha ley es herramienta fundamental para el desarrollo económico y de infraestructura en Quintana Roo, que al mismo tiempo garantiza la certeza jurídica en los casos donde el interés público lo requiera. 

Javier Olvera Silveira destaca el esfuerzo conjunto entre el gobierno y los empresarios.

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Comentó que, durante las últimas semanas, el CCE del Caribe y el Consejo Hotelero Caribe Mexicano junto con diversos gremios empresariales, como la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, A.C, han venido trabajado con las autoridades estatales para la propuesta de modificación a la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio.

“Esta es una ley que garantiza un equilibrio justo, pero también muy necesario entre el desarrollo de Quintana Roo y la protección que debe de existir y prevalecer de los derechos de la propiedad privada de los ciudadanos y la sociedad en general”, refirió. 

Compensación justa y transparencia en los procesos de expropiación, según el CCEC.

El líder empresarial puntualizó que este esfuerzo conjunto generó mecanismos claros y transparentes en las causas de utilidad pública, un proceso eficiente, así como una compensación justa y adecuada por el bien expropiado, asegurando que se realicen bajo principios de legalidad, equidad y respeto a la propiedad privada.

Aseguró que el trabajo conjunto entre el Gobierno y la iniciativa privada es vital para consolidar una entidad más competitiva, que impulse la inversión y el desarrollo económico en la región, con reglas claras que fomenten el crecimiento sostenible y la protección de los derechos de las empresas y de cada uno de los ciudadanos del estado.