El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, rechazó las acusaciones realizadas por familiares del detenido por el homicidio del enfermero Ramiro, quienes señalaban que este habría sido utilizado como "chivo expiatorio". López Salazar aseguró que existen “evidencias sólidas” que vinculan al sospechoso, Francisco Clemente, con el crimen, y subrayó que el caso está en manos de un juez de control, donde deberá definirse su situación jurídica.
Ramiro, enfermero radicado en Chetumal, desapareció el 13 de abril tras salir hacia el poblado Felipe Ángeles para visitar a su padre. Según testimonios, la víctima sufrió una ponchadura de llanta en la localidad Francisco Villa, cercana a Nicolás Bravo, por lo que contactó a Clemente, conocido suyo desde hace 12 años, para pedir ayuda. Horas después, su familia perdió contacto con él y halló su vehículo —una Chevrolet Tracker gris— incendiado en un tramo carretero de Nicolás Bravo.
Tras una denuncia formal por desaparición, un operativo interinstitucional (con participación de Marina, Ejército y Guardia Nacional) localizó el 17 de abril el cuerpo sin vida de Ramiro en un camino de terracería. La necropsia reveló que la causa de muerte fue “traumatismo torácico cerrado con contusión” (golpes severos), mientras que una herida de bala en la cabeza fue infligida post mortem.
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Durante un cateo al domicilio de Clemente en Nicolás Bravo, las autoridades aseguraron un arma calibre 9 milímetros —de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas— cuyo casquillo coincidió balísticamente con el encontrado en la escena del crimen. También se encontraron placas metálicas del vehículo de Ramiro, dañadas por el incendio.
López Salazar insistió en que las pruebas son contundentes:
“No se trata de vicios del pasado. Actuamos con transparencia. Los familiares [del detenido] deben respetar los derechos de terceros y no bloquear vías públicas”. Reiteró que corresponde al juez determinar la inocencia o culpabilidad, no a protestas en medios o carreteras.
Francisco Clemente fue vinculado a proceso con prisión preventiva oficiosa, mientras continúa la investigación. La Fiscalía descartó móviles adicionales y enfatizó que el homicidio se habría dado en el contexto de un conflicto interpersonal.