El Gobierno de México está apoyando al de Quintana Roo con el análisis financiero que significaría la revocación de la concesión de agua, que actualmente posee la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), cuyo nombre comercial es Aguakan.
La gobernadora Mara Lezama Espinosa, indicó que la intención del juicio contra DHC no es para entregar el manejo y administración del agua y servicio de alcantarillado a otra compañía, sino que es resultado de una serie de irregularidades detectadas y en cumplimiento a los resultados de la consulta ciudadana realizada en 2022.
“Es un litigio muy importante, lo que estamos haciendo es defender la voz del pueblo. Bastaría con que le preguntaran a toda la gente: ¿Qué opinan del servicio? Ahí está la respuesta, es un encono popular la falta de abastecimiento, el tandeo, las fugas que van, se reparan y se deja mal reparado el asfalto, los cobros, la contaminación del agua”, dijo.
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Al respecto de la respuesta de Aguakan sobre que está dispuesta a concluir la concesión de forma anticipada, la mandataria estatal reiteró que no están en disposición de llegar a un acuerdo "en lo oscurito", que debe ser un proceso transparente y a un precio justo.
Es por ello que con la federación se realizó el análisis financiero sobre esta posibilidad; asimismo, también se pidió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) intervenir para determinar qué instancia podría retomar la operación en dado caso.
“Hemos pedido ayuda a la Federación también, trabajarlo de manera coordinada, completamente transparente. Que se decida a través de Conagua, qué sería la dependencia que nos puede ayudar a coordinar, qué es lo mejor para que el líquido vital llegue a los hogares, porque el agua es un derecho”, dijo.