Hoy, la gobernadora Mara Lezama Espinosa mantuvo una reunión con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de reforzar las acciones en Quintana Roo para la Construcción de Paz. En esta junta, Mara Lezama y García Harfuch trataron la estrategia de seguridad y las medidas clave para los próximos días.
Igualmente, el estudio del marco legal estatal, como un caso a escala nacional de las competencias y estructura organizativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
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La gobernadora Mara Lezama insistió en que la Construcción de Paz es una prioridad en este gobierno distinto, humanista y feminista, que pone a los individuos en el núcleo de sus acciones, tal y como se define en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.
Mesa de Seguridad de Quintana Roo busca soluciones a favor del orden
Desde la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia en Quintana Roo iniciaron un análisis conjunto con especialistas de Estados Unidos con el objetivo de detectar medidas y oportunidades que favorezcan la mejora en las empresas.
James Tobin Cunningham, coordinador estatal de la mesa de Seguridad y Justicia, explicó que el objetivo es reconocer lo que se está haciendo correctamente y lo que aún puede mejorarse, siendo un proyecto que el sector turístico pidió, con el objetivo de trabajar de manera más eficaz.
Medidas contra delitos en el transporte en Quintana Roo
La mandataria de Quintana Roo, Mara Lezama, indicó que no existirá impunidad en el servicio de transporte en el estado, ya que los crímenes relacionados con daños y lesiones relacionados con el servicio de transporte se investigarán de manera autónoma, sin requerir una denuncia previa a partir de hoy.
Mara Lezama expresó su agradecimiento a las legisladoras y legisladores de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo por la aprobación de esta relevante propuesta. Además, aclaró que las recientes estipulaciones establecen en el Código Penal sanciones más rigurosas, como un aumento de hasta un 50% en las penalizaciones para crímenes de homicidio y lesiones acontecidos durante la prestación del servicio. Además, si las víctimas son menores de edad o turistas, las sanciones podrán incrementarse hasta en dos tercios.