La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, festeja la aprobación en comisiones y confía en el trabajo legislativo para su aprobación en el pleno de la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo. Esta es la propuesta que presentó en su papel de jefe del Ejecutivo para fortalecer la seguridad en el ámbito de la movilidad, estableciendo que los delitos por daños y lesiones serán investigados de manera autónoma, entre otras modificaciones.
Mara Lezama manifestó su total seguridad en que el proyecto de reforma al Código Penal y a la Ley de Movilidad será ratificado después de su análisis y dictaminación, con la finalidad de asegurar que aquellos que incurran en crímenes vinculados al transporte sean sometidos a sanciones severas y sin impunidad.
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¿Qué dice el Código Penal sobre estos delitos en Quintana Roo?
En el Código Penal, la propuesta incorpora nuevas formas de los delitos de lesiones y daños, acompañadas de agravantes para dichas situaciones. Esto abarca la instauración de los artículos 107 Bis, 162 Bis y 185 Bis, junto con una alteración al artículo 182.
Adicionalmente al Artículo 107 Bis, se implementan normas más rigurosas para sancionar los crímenes de homicidio y lesiones vinculados al servicio de transporte. Actualmente, las sanciones por estos crímenes pueden incrementarse hasta un 50% si suceden durante la prestación del servicio. Adicionalmente, si las víctimas tienen menos de 18 años o son visitantes, las sanciones podrían aumentar hasta en dos tercios. Estos crímenes serán investigados de manera autónoma, lo que implica que las autoridades podrán proceder sin requerir una denuncia previa.
El Artículo 162 Bis añade una penalización más rigurosa al crimen de perjuicios, centrándose en aquellos que perjudiquen los servicios de transporte, ya sean de carácter público o privado. Los individuos culpables podrían afrontar entre 2 y 6 años de cárcel. Además, las autoridades lo investigarán de manera autónoma, sin la necesidad de que alguien lo denuncie.
El cambio en el Artículo 182 tiene como objetivo sancionar de manera más severa los ataques contra las vías de comunicación y medios de transporte, en particular cuando impactan en servicios como el transporte público local, las vías o calles, y la tecnología empleada en estos. Las penalizaciones por estos crímenes oscilan entre 6 meses y 4 años de prisión.
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“En Quintana Roo, no toleraremos ningún acto que afecte el sustento de las familias y el libre derecho de los usuarios a elegir libremente su medio de movilidad preferido y con ello se garantiza una sana competencia entre modalidades, buscando la igualdad de condiciones entre el servicio público de transporte y el privado” destacó la gobernadora Mara Lezama.
Estos planes de reforma surgen de la implicación de los ciudadanos, del acuerdo entre el sector público y privado, a través de mesas de trabajo y la incorporación de las ideas y sugerencias de todos.
Las modificaciones y estipulaciones que requieran la aprobación del pleno se incorporarán al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, promoviendo este gobierno un cambio profundo, humanista y feminista, donde los individuos son el núcleo de las decisiones.