Con el objetivo de garantizar la seguridad de turistas y residentes, el Estado de Quintana Roo reformó su Código Penal para imponer sanciones más severas a los conductores de transporte público y privado que cometan delitos durante el ejercicio de sus labores. Las nuevas disposiciones, establecidas buscan combatir la violencia y los actos vandálicos que han afectado la imagen del destino turístico.
En sesión extraordinaria del Congreso del Estado, se aprobaron por unanimidad de los 20 diputados presentes, reformas a los artículos 107 Bis, 162 Bis, 182 y 185 bis del Código Penal del Estado, y 112, 130, 175, 176 de la Ley de Movilidad de Quintana Roo, enfocadas en castigar severamente a prestadores del servicio de transporte, que se vean involucrados en actos de violencia en Quintana Roo.
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¿Qué cambios hubo en el Código Penal y qué delitos aumentan sus penas?
Entre los cambios más destacados se encuentra el aumento de las penas, que para homicidio doloso se consideran entre 20 a 40 años de prisión, pero que se elevarán entre 30 y 60 podrá alcanzar de 30 a 60 años de prisión para los transportistas involucrados. En caso de lesiones, las sanciones se incrementarán proporcionalmente.
La reforma también contempla sanciones específicas para delitos cometidos contra menores de edad o turistas. En estos casos, las penas se incrementarán en dos terceras partes, reflejando la gravedad de los actos y su impacto en la reputación del estado como destino seguro.
Además, se establecen penas de dos a seis años de prisión para quienes destruyan o dañen propiedad ajena, y de seis meses a cuatro años para quienes obstruyan vías de comunicación o la prestación de servicios de transporte.
La violencia relacionada con los servicios de transporte ha generado preocupación entre las autoridades, ya que no solo pone en riesgo la integridad de las personas, sino que también afecta la imagen de Quintana Roo como un destino turístico confiable.
Mara Lezama aplaude cambios al código penal en materia del transporte
De acuerdo con el texto presentado por la gobernadora Mara Lezama, “estos actos representan una amenaza directa para la seguridad y bienestar de quienes visitan el estado, y dañan significativamente la economía local y la confianza de los turistas”.
Además, se enfatiza que estas conductas violan los derechos humanos de las víctimas, ya que todos tienen derecho a transitar y utilizar los servicios de transporte de manera segura y libre de temor.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es que los delitos cometidos por transportistas, como homicidio, lesiones, daños a propiedad y obstrucción de vías, se perseguirán de oficio. Esto significa que las autoridades actuarán independientemente de que exista una denuncia por parte de la víctima, lo que facilitará la aplicación de la justicia.
Asimismo, la Ley de Movilidad del Estado establece sanciones adicionales, como la suspensión de licencias por tres años para quienes destruyan o dañen bienes ajenos o medios de transporte.