EL TIEMPO ES relativo porque no corre igual para todos y lo cierto es que Grupo Pochteca tuvo que esperar dos años y medio para que fuera eliminado de la Lista de Personas Bloqueadas por la UIF.
Desde el otoño de 2021, en tiempos de Santiago Nieto, la cuestionada Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) restringió el uso de sus cuentas bajo la sospecha de que la compañía vendía ilegalmente precursores químicos.
Pochteca es proveedor de unas 80 materias primas para industrias como la automotriz, confitería, construcción, electrónica, textil, vidrio, pintura, farmacéutica, imprenta, cosméticos, alimentos y muchas más.
Un mes después de que el 15 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinara como inconstitucional la permanencia de Pochteca Materias Primas (PMP) en la lista, la UIF la retiró.
La instancia que hoy dirige Pablo Gómez ha sido señalada a lo largo del sexenio como una que actúa de manera más facciosa que objetiva y cuya credibilidad socialmente se ha mantenido en entredicho.
El Tribunal en cuestión resolvió en su sentencia de amparo y de manera terminal e inapelable que debía de eliminarse de la lista a PMP e instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera para hacerlo de inmediato.
La empresa de Armando Santacruz recuperó ya el acceso pleno a los servicios bancarios y productos financieros. Caso concluido, pues. Sin embargo queda en el aire una pregunta.
¿Por qué se le hizo eterno a la opinión pública el tiempo que pasó para que esta historia se resolviera? La respuesta es más simple de lo que parece. A manera de recuento:
PMP fue incluida en la “lista negra” que es confidencial por una filtración periodística, como tantas que hemos visto, lo que le generó en su momento gran presión.
Ahora que el asunto ha terminado, se sabe que la decisión de Grupo Pochteca fue concentrarse en litigar en tribunales y no en los medios de comunicación.
Y cabe subrayar aquí que desde un inicio, la propia UIF permitió a Pochteca la utilización de todas sus cuentas bancarias, eso sí, sin removerla de dicha lista y sin presentar denuncia alguna en su contra.
O sea: si se hubiera respetado la confidencialidad de la lista jamás nos habríamos enterado de que PMP habría enfrentado este litigio exclusivamente de naturaleza administrativa.
Ahora, frente a la lentitud que representó el trámite del juicio de nulidad administrativa iniciado en febrero de 2022, y que pasó a sentencia en noviembre de 2023, PMP solicitó a la UIF la eliminación de la lista. Pero los pupilos de Gómez se negaron a hacerlo y PMP demandó el amparo del Poder Judicial de la Federación, por cierto hoy en peligro de extinción. Y es este amparo el que le fue concedido de fondo hace algunas semanas. Especialistas dicen que los tiempos que tomó este asunto en resolverse puedenconsiderarse normales para este tipo de litigios. La estrategia de comunicación de PMP pudo haber parecido arriesgada para algunos, aunque al final el balance es positivo.
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