El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) encabezó este martes una jornada informativa en Playa del Carmen para difundir los alcances de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024, mediante la cual se reconoce a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público.
La titular de la oficina de representación del INPI en Quintana Roo, Venancia Coh Chuc, explicó que la actividad fue convocada en coordinación con autoridades municipales, con el objetivo de presentar a la población local —particularmente a los grupos indígenas asentados en la zona— los fundamentos de esta reforma y los elementos clave del Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas, instrumento que también fue actualizado y publicado en agosto de 2024.
“La reforma es un logro histórico que permite a las comunidades indígenas ejercer directamente recursos públicos, tomar decisiones sobre sus territorios y fortalecer su autonomía”, indicó Coh Chuc.
Destacó que el reconocimiento como sujetos de derecho público ha sido la base para implementar nuevos mecanismos como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social con enfoque en pueblos indígenas y afromexicanos (FAIS-PIAM), aplicado por primera vez este año.
La funcionaria subrayó que este fondo está diseñado para que las autoridades comunitarias decidan, con autonomía, las obras prioritarias de infraestructura en sus localidades.
“Es la primera vez en la historia que esto sucede, y es posible porque la reforma otorga personalidad jurídica pública a las comunidades”, apuntó.
Durante el encuentro, se abordó también el papel del Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas, un instrumento técnico que permite orientar la política pública federal y garantiza el respeto a la libre determinación y autoidentificación de las comunidades. En Quintana Roo, hay actualmente 240 comunidades registradas en el catálogo, la mayoría de origen maya, aunque también existen pueblos provenientes de otras regiones del país, asentados principalmente en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar.
“El catálogo permite identificar a las comunidades y aplicar programas y apoyos de manera focalizada. También respalda su derecho a ser reconocidas como pueblos indígenas, más allá de criterios geográficos o administrativos”, explicó Coh Chuc.
No obstante, reconoció que aún hay comunidades que no figuran en el registro, principalmente en el sur del estado. El proceso de inclusión depende del interés de la propia comunidad, que debe iniciar el trámite mediante una asamblea y la entrega de una cédula informativa, evaluada posteriormente por las autoridades competentes.
Consultada sobre los beneficios de estar en el catálogo, Coh Chuc precisó que no se trata solo de apoyos materiales, sino del ejercicio pleno de derechos colectivos reconocidos por la Constitución.
“La reforma es el resultado de una lucha histórica de los pueblos indígenas, no nació con este gobierno. Viene desde hace décadas, desde el movimiento zapatista y la exigencia de reconocimiento y respeto a sus formas de vida y organización”, señaló.
La jornada estuvo acompañada por Enrique Trujillo, responsable del área de consulta y participación indígena del INPI, quien reforzó la importancia de llevar estos temas a las comunidades urbanas y rurales, dado el creciente interés en formar parte del catálogo por parte de los grupos originarios que habitan en Playa del Carmen.
Finalmente, Coh Chuc reiteró que el trabajo del INPI continuará enfocándose en fortalecer el reconocimiento, la autodeterminación y la autonomía de los pueblos indígenas de Quintana Roo, e invitó a las comunidades interesadas a acercarse a la oficina estatal para recibir orientación y acompañamiento en su proceso de registro.