Con 18 votos a favor y uno en contra, el Congreso del Estado aprobó la reestructuración de la deuda que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) mantenía desde 2015, la cual asciende actualmente a 279 millones 503 mil 253 pesos. Esta decisión permitirá que el pago del crédito, originalmente programado para concluir en 2030, se extienda hasta el año 2040 con mejores condiciones financieras, lo que busca otorgar estabilidad a las finanzas del organismo sin incrementar la carga fiscal para la población.
La deuda de CAPA fue contratada hace una década con Banco Interacciones para financiar obras de infraestructura hídrica, pero tras la fusión de esta institución con Banorte en 2018, la administración del crédito quedó en manos de este último banco. El monto inicial ascendió a 560 millones de pesos y, al 30 de julio de 2025, se había liquidado poco más de la mitad del capital, equivalente al 50.08 %.
Con la reestructuración aprobada, la CAPA tendrá la posibilidad de acceder a tasas de interés más bajas y de reducir las amortizaciones mensuales durante los primeros años del nuevo plazo, lo que permitirá liberar recursos que podrán destinarse a proyectos estratégicos de agua potable y saneamiento en Quintana Roo. Según la exposición de motivos de la iniciativa, estos fondos adicionales se canalizarán al fortalecimiento de los sistemas de distribución, mantenimiento y expansión de la infraestructura hidráulica, acciones que impactarán directamente en la mejora del servicio para la ciudadanía.
Renán Sánchez Tajonar, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso, sostuvo que la medida no representó un incremento en la deuda ni la contratación de nuevos créditos, sino un refinanciamiento del saldo insoluto para mejorar sus condiciones de pago. Subrayó que la deuda continuará siendo cubierta con ingresos propios de la CAPA, pero contará con el aval del Gobierno del Estado respaldado con el 2 % de las participaciones federales, tal como se estableció en el contrato original.
Además, la iniciativa aprobada estipula que el nuevo crédito deberá licitarse entre al menos cinco instituciones bancarias, de las cuales al menos dos tendrán que presentar ofertas irrevocables, y la contratación deberá realizarse antes de que concluya este año. Como parte del seguimiento, CAPA deberá entregar informes trimestrales al Congreso para dar a conocer las condiciones del financiamiento, el avance de los pagos y la reducción progresiva del saldo.
La aprobación del refinanciamiento tuvo lugar en el sexto periodo extraordinario del pleno legislativo, celebrado este martes a las 16:00 horas, donde también se avalaron reformas a la Ley de Planeación del Estado, modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y una reforma constitucional que busca fortalecer los derechos de las personas con discapacidad.
Con la medida, el Congreso busca garantizar un acompañamiento constante en el manejo de la deuda pública y, al mismo tiempo, liberar capacidad financiera para que CAPA pueda cumplir con sus compromisos de inversión, alineados con los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.