Las denuncias ciudadanas sobre presuntos rellenos ilegales en el Estero de Chac, al sur de Quintana Roo, culminaron con la clausura de un predio por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al confirmarse la realización de obras sin permisos ambientales en una de las zonas ecológicas más frágiles de la región.
Durante una inspección reciente, Profepa detectó rellenos de sascab sobre humedales, así como la construcción irregular de palapas, una cabaña, baños y un muelle. Ninguna de estas obras contaba con autorización en materia de impacto ambiental, lo que motivó su clausura inmediata, dada la ubicación del predio dentro de un ecosistema costero protegido por legislación federal.
El operativo se derivó de una denuncia formal presentada por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo (PPA), luego de que habitantes del área advirtieran cambios visibles en el entorno natural. El titular de la PPA, Alonso Fernández Lemmen Meyer, explicó que la dependencia estatal no logró ingresar al sitio en un primer intento, pero turnó la evidencia fotográfica a Profepa, que tiene competencia directa en cuerpos de agua como el estero.
“Nosotros hicimos una visita con la procuraduría, no pudimos accesar al predio, tomamos fotos desde fuera y turnamos la denuncia a Profepa, por tratarse de un cuerpo de agua bajo competencia federal”, explicó Fernández Lemmen Meyer.
“Me comentaron que Profepa ya clausuró las obras que se detectaron en la zona, aunque no se encontró obstrucción directa al cauce natural del estero”, añadió.
El funcionario también indicó que se identificaron actividades de remoción vegetal y que se realizarán revisiones periódicas para vigilar posibles daños adicionales en otras áreas del estero, una región de gran extensión y difícil acceso.
“Contamos con drones y también usamos imágenes satelitales para detectar modificaciones al uso de suelo”, señaló.
Las acciones se suman a una visita de inspección previa encabezada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa el pasado 16 de julio. Durante ese recorrido, acompañada por expertos de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA), la mandataria corroboró la existencia de afectaciones en el flujo natural del agua y posibles daños a especies de manglar, protegidas por la norma oficial mexicana. La gobernadora declaró que no se permitirá impunidad ni destrucción de los ecosistemas estratégicos del estado.
Fernández Lemmen Meyer subrayó la relevancia de la participación ciudadana para detectar daños ambientales.
“Toda la información que puedan compartirnos, ya sea periodistas o ciudadanos, es vital para actuar con rapidez. Muchas veces es la vía más eficiente para recibir alertas”, comentó.
A pesar de que la inspección federal no halló indicios de obstrucción directa al cauce del estero, se reconocieron modificaciones al terreno y remoción de vegetación. La PPA anunció que se mantendrán inspecciones periódicas en la zona, utilizando tecnología como drones y satélites Sentinel para detectar alteraciones al uso de suelo.