En México, la libertad de expresión se empieza a debilitar, no por decreto, sino envuelta en figuras jurídicas que deberían protegerla. Una de ellas: la llamada violencia política de género, que si bien surgió -bien hecho-, para defender a las mujeres del poder contra ataques misóginos, hoy empieza a usarse como escudo contra la crítica incómoda… venga de quien venga.
Un caso escandaloso lo vivimos hace apenas unos días: el periodista Jesús Castañeda, de Guerrero, fue sancionado por el Tribunal Electoral del Estado por señalar a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, por presunto desvío de 898 millones de pesos (que por cierto se niega a aclarar). ¿La “reparación del daño”? Pagar una multa de 22 mil pesos, ofrecerle disculpas públicas y reconocer, a fuerza, que su trabajo periodístico se trató de una agresión con “violencia de género”. La crítica, aunque sustentada y legítima, fue convertida en delito solo por estar dirigida a una mujer en el poder.
Lo mismo ocurrió con una usuaria de la red social X, que al compartir que los logros políticos de la diputada del PT, Karina Barreras, se debían al apoyo de su esposo y también diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, recibió una ignominiosa sanción del TEPJF: disculparse públicamente durante 30 días y mencionar a la agraviada como “Dato Protegido”. El exceso fue tal, que la propia presidenta Claudia Sheinbaum lo reprochó y lo calificó de desproporcionado. La “agraviada” no tuvo más que “perdonar” a su “agresora”, pidiendo levantarle la sanción.
Otro ejemplo, en Tamaulipas, donde un ciudadano fue sancionado tras publicar en redes críticas contra una diputada local de Morena, a quien acusó de nepotismo. El Tribunal local determinó que se trataba también -¡exacto!-, de violencia política de género. ¿El remedio? Nuevamente, censura maquillada de “perspectiva de género”.
Y qué decir del caso del senador Fernández Noroña, quien logró que un ciudadano que lo increpó públicamente fuera obligado a pedirle disculpas dentro del mismo Senado -a sus anchas, en sus dominios-, por supuesta difamación. Paradójico, viniendo de quien se ha cansado de insultar a todo aquel que no piensa como él, en la tribuna, en la calle, aeropuertos y universidades.
Pero mientras se criminaliza la crítica, se deja pasar lo verdaderamente ofensivo. Esta semana, el futbolista Javier “Chicharito” Hernández, exhortó en un video -muy desafortunado-, a las mujeres a “dejarse liderar por un hombre” porque su masculinidad “estaba en riesgo”. Un comentario misógino, retrógrada y lamentable que sí amerita una sanción ejemplar, por el alcance de su voz como figura pública. Aquí sí hay violencia de género, aunque paradójicamente no ha sido procesada como tal.
Lo alarmante de todo es el precedente que se está sentando. Hoy, emitir una opinión, incluso con errores o desde el sarcasmo, puede llevarnos a tribunales, solo si toca fibras de poder o es dirigida a quien goza de protección institucional. ¿Y la crítica? ¿Y la sátira? ¿Y el derecho a disentir? Parece que eso quedó en papel y en el pasado.
Y no se trata de defender la difamación, sino de entender que la libertad de expresión es un derecho, no una concesión. Y que callar voces con toga y género como argumento, es una forma elegante -y peligrosa-, de censura.
ZARPAZO
Lo que estamos viendo no es una casualidad. Es el inicio de una nueva era de control del discurso. Hoy es el periodista, mañana es el ciudadano. Hoy es en redes, mañana será en la sobremesa. La censura ya no llega con uniforme, llega en forma de sentencia y en nombre de causas justas que están siendo manipuladas.
México camina, sin darnos cuenta, hacia un modelo donde opinar puede costarte la reputación, el trabajo o la libertad. La toga ya no imparte justicia, imparte silencios. Y eso… eso sí debería preocuparnos a todos.