Habitantes de Mahahual denunciaron una serie de despojos y desalojos que buscan desplazar a familias con más de 40 años de posesión de sus terrenos, presuntamente con la complicidad de agentes ministeriales. Los afectados señalaron que operativos con un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad buscan entregar predios a empresarios extranjeros.
Uno de los casos más polémicos involucra el predio Punta Tam, en la zona de Maya Chan, Costa Maya. La posesionaria, Judith Alpuche López, aseguró ser la legítima dueña y denunció que su propiedad fue asegurada con exceso de fuerza.
“Entraron 10 camionetas de la Procuraduría, antimotines, Guardia Nacional y Marina. Sacaron a mis trabajadores y encintaron todo el terreno. Yo tengo todos los documentos que acreditan mi propiedad”, declaró Alpuche, quien acusa a particulares de intentar vender el predio por más de 200 millones de pesos a inversionistas de Monterrey.
El alcalde de Mahahual, Fernando Hernández, se pronunció a favor de los habitantes y calificó el operativo como ilegal.
“Venimos respaldando a la comunidad porque es nuestra responsabilidad. Llegaron a amedrentar a la gente con un operativo que parecía ir contra el peor delincuente del mundo. Mahahual es un pueblo tranquilo, pero no nos vamos a dejar”, afirmó.
De forma extraoficial, se supo que el conflicto deriva de una denuncia por despojo interpuesta por Alpuche contra el extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), que en 2012 vendió el terreno de manera irregular.
La Fiscalía General del Estado (FGE) habría recuperado el predio para entregarlo a un representante de empresarios inmobiliarios de Nuevo León con quienes Alpuche pactó su venta.
Sin embargo, documentos notariales revelan un entramado legal complejo. Agustín Jaime Villanueva Souza, quien compró el predio al IPAE en 2012, otorgó en 2021 poder notarial a Adrián Martínez Garza, abogado de Monterrey, para actos de dominio sobre la propiedad.
Dicho poder fue revocado en febrero de 2025, pero Martínez Garza habría continuado negociaciones con Alpuche y empresarios regiomontanos.
El conflicto escaló cuando Villanueva Souza vendió en abril pasado el predio Punta Tam a la empresa chetumaleña Roe Capital, representada por Enrique Arturo Pérez Contreras y Miguel Augusto Peón Mier y Terán, por 10 millones 950 mil pesos, operación registrada ante la notaría pública 109 de Chetumal.