La Dirección de Fiscalización y Cobranza del municipio de Playa del Carmen ha identificado hasta el momento 30 establecimientos dedicados a la compra y venta de chatarra en la ciudad, como parte de un censo preliminar que busca combatir el robo de infraestructura urbana, particularmente coladeras, tapas de registro y otros bienes públicos que han desaparecido en distintas zonas del municipio.
Así lo dio a conocer José María Martínez González, subdirector de dicha dirección, quien informó que el levantamiento se realizó en coordinación con otras autoridades municipales.
“Actualmente hemos hecho un censo donde hemos encontrado alrededor de 30 establecimientos que se dedican a este giro de la chatarrería”, explicó.
Martínez González detalló que por el momento no se han iniciado operativos de inspección, ya que se está a la espera de la calendarización de las actividades por parte de las autoridades correspondientes.
“Estamos trabajando de manera coordinada con las otras autoridades para hacer un calendario de actividades. La dinámica de trabajo es esperar los tiempos que nos indiquen nuestros regidores, a través de la mesa de trabajo que están haciendo con las empresas privadas, para que se haga de manera coordinada”, indicó.
En semanas recientes se han registrado múltiples reportes ciudadanos sobre la desaparición de coladeras y tapas metálicas de pozos pluviales, lo que ha generado riesgos para peatones y automovilistas. De acuerdo con el subdirector, parte del objetivo del operativo será detectar si algunos de estos objetos han sido comercializados en los centros de reciclaje.
“Lo que nos están pidiendo nuestras autoridades municipales es trabajar de manera coordinada, por lo cual únicamente hemos hecho el censo y ya tenemos plenamente identificadas 30 chatarrerías. La idea es realizar actividades aleatorias para que ellos no se prevengan sobre este tipo de productos o de alcantarillas que recepcionan”, puntualizó.
Además de la revisión del origen de los materiales, la Dirección de Fiscalización verificará que los establecimientos cuenten con su licencia de funcionamiento vigente y los permisos necesarios para operar. En caso de encontrar irregularidades, se procederá conforme al reglamento local.
“Cualquier giro comercial debe tener su licencia de funcionamiento y todos sus permisos. Si no cuenta con los permisos correspondientes, se procederá al acta de inspección y posteriormente a la clausura”, explicó el funcionario.
Respecto a las sanciones por la comercialización de bienes pertenecientes a la infraestructura urbana, Martínez señaló que se están revisando los alcances legales y se trabaja en conjunto con otras instancias para determinar la sanción correspondiente.
“Se está trabajando de manera coordinada para establecer el tipo de sanción. También con las empresas privadas, en caso de que haya complicidad o negligencia”, añadió.
Las autoridades municipales han reiterado que el objetivo principal es prevenir el comercio ilegal de materiales que forman parte del patrimonio urbano y que su hurto afecta gravemente la seguridad de la población.
Mientras se formaliza el calendario de inspecciones, la Dirección de Fiscalización continuará con labores de vigilancia e integración de expedientes, en espera de las instrucciones de las mesas de trabajo interinstitucional.
El gobierno local ha hecho un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con el comercio de metales o la desaparición de mobiliario urbano a través de los canales oficiales de atención ciudadana.