La Fundación CISVAC presentó una queja formal ante el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO), denunciando actos de discriminación institucional en contra de personas migrantes y refugiadas que residen en el estado. La entrega del documento fue encabezada por la Dra. Torres, directora y fundadora de la organización, y dirigida al titular de IMOVEQROO, Rafael Hernández Kotasek.
La queja señala diversas prácticas que, de acuerdo con CISVAC, vulneran derechos fundamentales de esta población, como el acceso equitativo a servicios de transporte y trámites administrativos. Uno de los principales puntos de denuncia es la exclusión de migrantes —con residencia permanente o temporal, incluso con documentación expedida en el estado— de las tarifas preferenciales locales para la compra de boletos del Tren Maya.
“Estamos recibiendo denuncias frecuentes de personas migrantes que, a pesar de vivir legalmente en Quintana Roo y contar con residencia emitida aquí mismo, son tratadas como turistas al momento de adquirir boletos para el Tren Maya. Esto contradice los principios de igualdad y no discriminación que deben regir los servicios públicos en México”, indicó la Dra. Torres al concluir la entrega del documento.
Otro tema central de la queja son las dificultades que enfrentan las personas refugiadas para renovar sus licencias de conducir. Según la fundación, se les está exigiendo como requisito indispensable la presentación de un pasaporte vigente, lo cual representa un obstáculo desproporcionado para quienes, debido a su estatus, enfrentan serias complicaciones para obtener o renovar este tipo de documentos ante autoridades consulares de sus países de origen.
“Muchas personas refugiadas no pueden tramitar un pasaporte por razones políticas, de persecución o por la ruptura de relaciones con sus gobiernos. Exigirlo para renovar una licencia de conducir no sólo es una medida insensible, sino que impide su integración plena a la sociedad y al mundo laboral”, denunció la organización.
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También se reportó que esta exigencia de pasaporte vigente se ha replicado en otros servicios fundamentales como la apertura de cuentas bancarias y la expedición de certificados de salud, afectando seriamente los procesos de inclusión social y económica de quienes buscan rehacer sus vidas en Quintana Roo.
“Negar servicios básicos por falta de pasaporte es una forma de exclusión que vulnera el derecho a la no discriminación consagrado en la Constitución y en tratados internacionales firmados por México. Es urgente que las autoridades locales armonicen sus procedimientos con los lineamientos del sistema nacional de refugio y migración”, agregó la organización en su comunicado.
El llamado incluye una solicitud a las autoridades estatales y municipales para que establezcan protocolos claros que reconozcan documentos migratorios válidos —como la constancia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) o la credencial de residente expedida por el Instituto Nacional de Migración— como suficientes para realizar trámites administrativos y acceder a servicios públicos.
La queja entregada ante IMOVEQROO forma parte de una serie de acciones legales y de incidencia pública que la fundación planea impulsar en las próximas semanas, en coordinación con otras organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales.
“Nuestro objetivo es que Quintana Roo se consolide como un estado incluyente, donde todas las personas —sin importar su nacionalidad o estatus migratorio— puedan ejercer sus derechos plenamente”, concluyó la Dra. Torres.