Ante la denuncia ciudadana por el aumento no autorizado en las tarifas del transporte foráneo, el secretario general del sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”, Luis Herrera Quiam, evitó pronunciarse con claridad y se deslindó del tema, pese a que reconoció que todo incremento debe contar con la autorización del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO).
El alza, aplicada por operadores de vans intermunicipales, se ha implementado sin aviso previo ni resolución oficial. Usuarios reportaron esta semana un incremento de la tarifa en rutas como Playa del Carmen–Tulum y Playa del Carmen–Cancún, lo que generó inconformidad ante la aparente ilegalidad del ajuste tarifario.
Cuestionado sobre el tema, Herrera Quiam respondió que no tiene información oficial.
“He visto algunos pronunciamientos en redes sociales, pero nada oficial. Estamos pendientes de esta situación”, dijo. Sin embargo, cuando el entrevistador mencionó que hace un año la tarifa era de $40 pesos y ahora es de $60, el líder sindical no desmintió el dato ni cuestionó su legalidad.
“El tema del aumento de tarifas no es un tema de voluntad. No puede quedar al criterio de cada operador o grupo”, expresó,
Aunque sin señalar si el sindicato que representa tomará alguna medida ante la situación. Tampoco precisó si ha tenido comunicación con IMOVEQROO para pedir una revisión o frenar la aplicación del alza.
Seguir leyendo:
Aumentan casos de drogadicción y personas en situación de calle en Playa del Carmen
Pese a que evitó una postura clara, Herrera Quiam justificó parcialmente el alza al señalar que “todo ha ido en incremento en los últimos años” y consideró que podría tratarse de una “causa justa” para el transporte. No obstante, este tipo de aumentos debe pasar por un proceso formal de análisis técnico y aprobación del organismo estatal de movilidad.
Hasta ahora, IMOVEQROO no ha emitido comunicado ni postura oficial respecto al alza detectada, y tampoco se han reportado operativos de verificación o sanciones a los transportistas que ya están cobrando las nuevas tarifas. La ausencia de vigilancia por parte de las autoridades ha dejado a los usuarios sin protección ante un ajuste económico que no cumple con los mecanismos legales establecidos.
La ciudadanía ha comenzado a manifestarse en redes sociales denunciando el abuso y pidiendo la intervención inmediata del gobierno estatal y se menciona que permitir la imposición de tarifas de manera informal sienta un precedente grave para la legalidad en el sistema de transporte público.
La falta de transparencia, tanto de los transportistas como de la autoridad reguladora, mantiene en incertidumbre a miles de usuarios que dependen diariamente del transporte foráneo para sus actividades laborales, educativas y familiares.