La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa desarrollando una obra en la ribera de la laguna de Bacalar, pese a una resolución judicial que exige detener los trabajos. La construcción, que ha generado críticas por su impacto ambiental y por operar sin los permisos necesarios, es ahora objeto de una ampliación de demanda por parte de organizaciones civiles.
La asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), en conjunto con Proyecto Justicia Común (Projuc), logró que el Juzgado Primero de Distrito admitiera una ampliación al juicio de amparo que interpusieron desde inicios del año.
Dicha ampliación, ingresada el 28 de mayo, señala como nueva autoridad responsable a la Subdirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Bacalar e incluye nuevos conceptos de violación, entre ellos la aprobación de una exención de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) otorgada por la Semarnat.
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Irma Morales, representante de DMAS, explicó que la resolución más reciente del juzgado corresponde a una suspensión definitiva, la cual exige que la Sedena detenga cualquier obra en tanto se resuelve el juicio principal. No obstante, afirmó que los trabajos continúan, lo que representa un desacato judicial.
“Tenemos pruebas de que siguen construyendo, y por eso vamos a presentar un incidente de incumplimiento. La Sedena no puede actuar como si estuviera por encima de la ley”, declaró Morales.
Quien además señaló que este tipo de actitudes se han repetido en otras obras del gobierno federal, como en el caso del Tren Maya.
Morales explicó que la exención ambiental otorgada por la Semarnat no es válida para este tipo de proyectos, ya que involucran actividades como dragado, relleno y modificación de la ribera lagunar, lo cual requiere una MIA completa. También cuestionó la ubicación de la obra:
“Tienen otros terrenos, pero eligieron esta zona por la vista que ofrece. No se justifica”.