Regular las plataformas digitales de rentas vacacionales no debe verse únicamente como un asunto fiscal o recaudatorio, sino como una medida urgente para preservar el acceso a la vivienda, evitar la precarización laboral y proteger la imagen de los destinos turísticos de Quintana Roo. Así lo advirtió David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, al hacer un llamado público para poner límites a esta modalidad de hospedaje que, dijo, ha alterado profundamente el tejido social y urbano de municipios como Tulum.
Ortiz Mena, quien también encabeza la Asociación de Hoteles de Tulum, subrayó que el crecimiento acelerado de las rentas vacacionales ha generado fenómenos como la especulación de tierra, el encarecimiento de la vivienda, y la transformación de barrios habitados por quintanarroenses en zonas prácticamente deshabitadas, ocupadas por apartamentos que permanecen vacíos hasta ser alquilados por turistas.
“Nuestro estado de por sí ya enfrenta desafíos por la falta de vivienda, lo que dificulta el establecimiento de trabajadores en la entidad”, afirmó.
“Desde hace algunos años, un porcentaje considerable de las nuevas viviendas y departamentos que se construyen en el estado están pensados para rentas vacacionales, lo que agrava el problema. La especulación que genera esta actividad encarece la tierra, y no solo en las áreas turísticas”, puntualizó.
El contraste entre el desarrollo hotelero tradicional y la expansión de las rentas por plataformas digitales es significativo. Mientras que los hoteles de Quintana Roo han sumado alrededor de 130 mil habitaciones en casi cincuenta años, las plataformas como Airbnb y similares ya registran más de 50 mil propiedades en apenas una década. Este fenómeno, dijo Ortiz Mena, es “insostenible” si no se implementan controles adecuados.
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En el caso específico de Tulum, consideró que la especulación ligada a estas plataformas derivó en una construcción desmedida de vivienda turística, lo cual ha traído como consecuencia una sobreoferta que ha detenido nuevas inversiones y da una percepción de estancamiento del destino, pese a que los flujos turísticos siguen siendo altos.
Para el líder hotelero, la regulación no debe limitarse a exigir el cumplimiento de obligaciones fiscales, sino también debe establecer mecanismos que eviten el acaparamiento de viviendas y la concentración del mercado en pocas manos.
“En muchos otros países se cuida que estas rentas vacacionales se mantengan, como se presentó en un inicio, como una opción para que propietarios de una vivienda puedan obtener un ingreso extra, rentándola en ciertas épocas del año”, explicó.
Además, denunció que esta modalidad de hospedaje contribuye a la precarización laboral, ya que a diferencia de los hoteles, que operan con personal de planta y con prestaciones de ley, las viviendas en renta suelen ser atendidas por trabajadores sin condiciones laborales claras ni seguridad social.
“Esto impacta directamente en la calidad de vida de quienes prestan servicios turísticos, pero también representa un riesgo para los visitantes, pues muchos de estos alojamientos no cumplen con normativas básicas de seguridad ni están ubicados en zonas adecuadas para recibir turistas”, alertó.
Ortiz Mena insistió en que el debate debe centrarse en el interés público. A su juicio, permitir que este tipo de hospedaje continúe creciendo sin regulación amenaza la sustentabilidad de los destinos, reduce la oferta de vivienda para residentes y trabajadores locales, y afecta la competitividad del sector hotelero que sí opera dentro del marco legal.
Por todo ello, reiteró la necesidad de que las autoridades estatales y municipales actúen de forma decidida para normar las plataformas de hospedaje digital, y que esta regulación contemple no solo aspectos fiscales, sino también sociales, urbanos y laborales.
“El turismo es la principal actividad económica del estado, y debe ser también una vía para generar bienestar colectivo, no solo una fuente de ingresos individuales a costa del tejido social”, concluyó.