Atraído por el auge económico que vive Quintana Roo, Juan Cortés Torres, contador originario de la Ciudad de México, decidió invertir en un predio en Calderitas, junto a la Bahía de Chetumal. Su objetivo era construir un centro de hospedaje para turistas, sin imaginar que sería víctima de una red de estafadores que, según autoridades y testimonios legales, ha defraudado a decenas de personas en el estado.
Juan encontró el terreno ideal en septiembre de 2023 a través de una página de Facebook que promociona inmuebles en Chetumal, Bacalar y Tulum. El predio, según se le aseguró, estaba regularizado ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La venta se concretó mediante la notaría 109 en Chetumal, y Juan transfirió cuatro millones de pesos por dos terrenos.
Sin embargo, semanas después aparecieron los verdaderos propietarios, quienes le informaron que él no tenía ningún derecho legal sobre los predios.
“Nos mostraron documentos aparentemente oficiales, con sellos y trámites ante Sedatu, por eso confiamos”, explicó Juan.
Ante esta situación, contrató al abogado Jesús Contreras Velázquez, quien interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en septiembre de 2024.
El abogado asegura que la lentitud en el proceso ha favorecido la impunidad.
“Estamos hablando de una banda bien organizada que opera en Calderitas, Chetumal, Bacalar, Cozumel y hasta Cancún. Tienen páginas en redes sociales, documentos falsificados, contactos notariales y han causado pérdidas que superan los 100 millones de dólares”, advirtió.
Uno de los señalados como cabecilla es Leonardo “N”, quien ya cuenta con procesos legales abiertos y un brazalete de localización. Según Contreras Velázquez, la notaría 109 también podría estar involucrada, ya que legalizó un contrato de enajenación de terrenos nacionales, lo cual está prohibido desde 2010.
La víctima solicita apoyo directo de la gobernadora Mara Lezama, debido a la falta de avances en la investigación.
“Confiamos en la seguridad y las promesas de inversión que promueve el gobierno. Hoy nos sentimos desprotegidos”, lamentó Juan.
El caso de Juan Cortés no es aislado. La misma red ha afectado a otras personas, incluyendo empresarios que compraron terrenos en zonas costeras y urbanas. Las autoridades tienen abiertas varias carpetas de investigación, pero los afectados reclaman acciones más firmes y urgentes para detener estas prácticas.