La magistrada de circuito Paula María García Villegas Sánchez Cordero destacó la urgencia de aplicar la ley con una perspectiva ambiental y comunitaria ante el crecimiento acelerado de la Península de Yucatán. La expansión económica y el consecuente aumento demográfico han generado una presión sin precedentes sobre las tierras, lo que pone en riesgo los ecosistemas de la región.
Con más de 25 mil sentencias emitidas, algunas de ellas históricas en defensa de la equidad, la transparencia, los derechos humanos y el medio ambiente, García Villegas subraya la necesidad de equilibrar el desarrollo con la sustentabilidad.
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El crecimiento poblacional en Yucatán ha sido notable, pasando de un millón 658 mil 210 habitantes en 2010 a dos millones 320 mil 898 en 2020, un aumento del 29.6% en solo una década. Quintana Roo experimenta este fenómeno de manera más acelerada superando el doble de su población en una década, pasando de 874 mil 963 habitantes en 2010 a un 857 mil 985 en 2020. Este fenómeno, ahora se ve potenciado por los grandes proyectos estratégicos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum y la ampliación de Puerto Progreso, que han generado una burbuja especulativa en el sector inmobiliario.
Empresas nacionales e internacionales han adquirido grandes extensiones de terreno, especialmente en zonas costeras, comprando a precios bajos a propietarios históricos y ejidos, para luego revenderlos a precios millonarios. Esto provoca el desplazamiento de la población nativa, creando conflictos entre la necesidad de tierras y la legislación ambiental.
Un ejemplo reciente de esta tensión ocurrió en ‘Pueblo Mágico’ de Sisal, donde habitantes se enfrentaron a las fuerzas del orden tras una denuncia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La denuncia señala la devastación de 23,000 metros cuadrados de una supuesta área de manglar para la construcción de viviendas.
En entrevista exclusiva con El Heraldo de México Quintana Roo, la magistrada García Villegas Sánchez Cordero explicó que las áreas naturales deben ser protegidas para garantizar la conservación del agua subterránea y los ecosistemas:
"El 33% del agua de consumo humano proviene del subsuelo. Si perdemos manglares y áreas naturales protegidas, desaparecerá la flora, la fauna y los hábitats silvestres. La legislación ambiental debe ser respetada, pero también debemos analizar las causas sociales del desplazamiento de las comunidades. Es necesario un diálogo que permita resolver estos conflictos de manera justa.”
García Villegas enfatizó que los derechos humanos están interconectados. La protección del medio ambiente no debe estar en contradicción con el derecho a la vivienda digna y el desarrollo económico sustentable.
"El artículo 25 constitucional contempla el desarrollo económico, pero este debe ser sustentable. La justicia debe interrelacionar los derechos fundamentales y encontrar un equilibrio entre la protección ambiental y la justicia social."
La magistrada recordó que, en 2022, la ONU reportó que la población mundial alcanzó los 8,000 millones de personas, proyecta que esa población alcanzará los 9 mil millones en 15 años y 10 mil millones en 2058. Este aumento genera mayor presión sobre las áreas naturales protegidas, lo que requiere una legislación que garantice un desarrollo equilibrado.
Semarnat reporta que en México hay alrededor de un millón de hectáreas de manglar, pero en los últimos años se ha perdido el 15 por ciento y, en el caso de Yucatán se ha destruido el 8 por ciento de este ecosistema que urge ser restaurado.
El crecimiento acelerado de la Península de Yucatán plantea grandes retos en términos de sustentabilidad y justicia social. Paula María García Villegas Sánchez Cordero destaca la importancia de una legislación que equilibre el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Su labor en el Poder Judicial y su enfoque integral de la justicia ofrecen una perspectiva clave para abordar estos desafíos de manera equitativa y sostenible.
Trayectoria de Paula María García Villegas Sánchez Cordero
Paula María García Villegas Sánchez Cordero es Magistrada de Circuito en el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF). Su trayectoria judicial abarca más de 28 años, con una destacada labor en la defensa de los derechos humanos, la equidad, la transparencia y la justicia ambiental.
Es licenciada en Derecho por la UNAM y en Economía por el ITAM, además de contar con una maestría en Derecho por la London School of Economics and Political Science y un doctorado en Derecho por la UNAM. Ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, incluyendo la titularidad de juzgados de Distrito y su actual puesto como magistrada de Circuito.
En 2025, se postuló como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respaldada por su experiencia y compromiso con la justicia social. Es reconocida como una de las juzgadoras más productivas del país, con más de 25 mil sentencias emitidas, muchas de ellas en causas de gran impacto social y ambiental.