El Gobierno de Quintana Roo presentó una contrarreforma al artículo 182 del Código Penal del estado, el cual había sido modificado para endurecer las sanciones contra la obstrucción de vías de comunicación y medios de transporte. Esta reforma, que imponía penas de hasta cuatro años de cárcel, generó críticas por su posible impacto en el derecho a la protesta social.
La modificación original del artículo 182 establecía penas de seis meses a cuatro años de prisión para quienes afectaran el transporte público, las calles, carreteras o la tecnología utilizada en estos sistemas. Organizaciones como Amnistía Internacional advirtieron que esta reforma criminalizaba la protesta social y vulneraba derechos fundamentales como la libertad de expresión y la reunión pacífica.
En un comunicado, Amnistía Internacional señaló que el uso del sistema penal para desincentivar la protesta afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables. "La protesta social es una herramienta legítima para exigir derechos, protestar no es un crimen", destacó la organización.
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Presentan en el Congreso de Quintana Roo una propuesta de contrarreforma
Ante las críticas, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Carlos Felipe Fuentes del Río, presentó este día ante el Congreso del Estado la propuesta de contrarreforma. "Se eliminó un verbo rector del tipo penal que generaba preocupación en los colectivos. Con esto, se clarificó la norma para garantizar el derecho a la libre manifestación", explicó Fuentes del Río.
La nueva redacción del artículo mantiene sanciones para quienes dañen o alteren la infraestructura vial, así como para aquellos que retengan vehículos de transporte público. Sin embargo, se suprimió la referencia a la obstrucción de vías, lo que impide que la norma sea interpretada como una prohibición de las manifestaciones.
Pese a este ajuste, las autoridades recordaron que existen legislaciones secundarias en el ámbito administrativo que regulan las movilizaciones en espacios públicos. "El derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Se debe buscar que el ejercicio de la libre manifestación cause la menor afectación posible a la sociedad", concluyó el consejero jurídico.