El pasado 18 de junio de 2023, el hambre que padecía a consecuencia del maltrato que recibía de sus dueñas orilló a “Valentín”, un can de raza mestiza, a ‘robar’ un huevo para tener algo en el estómago, como castigo fue rociado gasolina y prendido en llamas. Durante una semana, la mascota vagó con quemaduras expuestas en las calles del asentamiento irregular Las Torres en Playa del Carmen, Quintana Roo, hasta que fue rescatada por activistas pro derecho de los animales.
La brutalidad de este caso llevó a las autoridades a actuar contra dos mujeres dueñas del perro y así aplicar las sanciones por maltrato animal que están establecidas en la Ley de Bienestar Animal del Estado, vigente desde 2019, pero que sigue sin tener el impacto para acabar con este flagelo social, ya que solo uno de cada diez casos denunciados logró llegar a los juzgados.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) los delitos de maltrato animal son englobados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dentro del apartado de delitos contra el ambiente, que durante 2023 registraron 124 carpetas abiertas, para este 2024 ya suman en el estado 17 denuncias.
La situación no parece mejorar, aunque desde el 1 de noviembre de 2023, la ley orgánica de la FGE fue reformada para establecer la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Ambientales, la Fauna y el Desarrollo Urbano, a cargo de Norman Busto Bertheau, esta no cuenta con el personal especializado.
Aun con las tres unidades encargadas de los delitos ambientales y la fauna, la realidad es que de acuerdo a una solicitud de información del pasado 25 de enero, el departamento de Recursos Humanos de la FGE declaró que:
“La revisión realizada a la planilla del personal, así como en los archivos y base de datos correspondientes, se obtuvo que no se cuenta con personal médico veterinario adscrito a las Agencias del Ministerio Público de esta Fiscalía General”.
Busto Bertheau asegura que este 2024 arrancó con 15 denuncias relacionadas con actos de esta materia que podrían ser constitutivos de delito, no obstante, dijo desconocer casos previos o de los protocolos de actuación para que los Ministerios Públicos.
“Estamos dándole seguimiento a casos de municipios y estamos hablando de un promedio de 15 denuncias. Es muy importante crear una cultura de maltrato animal”, dijo Normando Bustos.
Para el Procurador de Protección Al Ambiente (PPA), Fernando Lemmen Meyer, menciona que ya se están trabajando en la coordinación para que se sigan los procedimientos adecuados para recibir y atender estos delitos contra los animales, para lograr una comunicación eficaz entre las instituciones encargadas de atender los casos, que van desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como primer respondiente a los Ministerios Públicos.
Declaró que en lo que va de la administración estatal se han atendido 25 denuncias de maltrato animal, la mayoría en el municipio de Benito Juárez. Y aunque reconoció que durante 2023 se logró llevar a prisión dos personas. El panorama no es positivo, ya que de los cientos de casos denunciados ese año, solo 11 terminaron en los juzgados del Poder Judicial del Estado, de los cuales únicamente cinco recibieron auto de vinculación conforme al Código Penal.
“Es importante el trabajo que se está haciendo, de la Fiscalía que ya tiene su unidad especializada y la Procuraduría que ya tiene una dirección especializada específicamente en los casos de bienestar animal”, refirió.
Cuando las autoridades son permisivas ante este delito
Lamentablemente, la violencia hacia los animales no solo se da en las calles o al interior de los hogares, en ocasiones son las mismas autoridades locales las que promueven esto, Lemmen Meyer ejemplifica esto con la situación que se viene registrando en el municipio de José María Morelos, donde el alcalde Erick Borge Yam, es investigado por promover peleas de gallo y corridas de toro durante la tradicional festividad de la Expomor en las últimas dos ediciones.
“Ya habíamos realizado un procedimiento el año pasado, se habían hecho exhortos en ese sentido, este año mandamos gente (a José María Morelos), tomamos evidencia, se está abriendo el procedimiento y en todo caso la Procuraduría (de Protección al Ambiente) emitirá un resolutivo y una sanción económica”, declaró.
Para la diputada independiente Maritza Basurto Basurto, quien promovió las mesas de trabajo para judicialización del maltrato infantil, la falta de respuestas de las autoridades para hacer valer la Ley es un problema principalmente de concientización y de voluntad política. Menciona que desde el 2014 quedó establecida la obligación de las autoridades municipales de crear los Centros de Control Animal, Asistencia y Zoonosis, sin embargo, solo existen en cinco de 11 municipios.
“Es Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Othón P. Blanco que la verdad siempre está vacío, me dicen no les gusta recibir animales, además tienen un presupuesto de tres mil pesos mensuales, cómo puedes tener un centro de atención con eso, y tenemos el de Felipe Carrillo Puerto que se abrió el año pasado”, mencionó sobre la situación de estos centros en el estados, que en caso de la capital opina que solo es una simulación.
Lamenta que la voluntad política les impide ver que hacer valer la ley les traería una mayor recaudación con las multas aplicables a quienes se les compruebe abusos contra perros o gatos, lo que serviría para financiar estos centros de control.
“Hay un trabajo ahí que nadie quiere hacer, pese a que está estipulado en la ley”, lamenta Basurto Basurto.
Expreso que para avanzar en el tema es necesario que en los centros urbanos se promuevan estas acciones, ya que normalmente se habla de ‘gatitos y perritos’, pero la situación del maltrato animal va más allá de las mascotas, el trato inhumano hacia caballos, ganado o aves es elevado en la zona rural, como se ha visto en las ferias comunitarias, que intentan validar estos abusos a través de los usos y costumbres.
Hoy, ‘Valentín’ ha logrado recuperarse de sus heridas, con la pérdida de la vista y parte de la audición, y vive con una familia en Mérida, Yucatán, tiene una segunda oportunidad en un hogar amoroso, no obstante, casos como el suyo suceden a diario en Quintana Roo sin la atención mediática por lo que las autoridades desestiman actuar con la misma celeridad, lo que hace que este delito persista contra víctimas que no pueden actuar en su propia defensa.
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