Villa Sha, clasificada como una de las propiedades de renta vacacional más caras de Cancún, continúa en medio de la polémica. Además de tener en su contra una denuncia por fraude, las autoridades han fijado su atención por presuntas prácticas ilegales.
A raíz de la denuncia interpuesta por el empresario Marco Antonio García, CEO de la empresa Suitesbnb International Corp., en contra del administrador Eric Fontaine y el propietario del inmueble, Marcel Stillekens, se han señalado otras acciones irregulares que tienen lugar dentro de la propiedad.
La operación de Villa Sha no sólo ha significado un enigma para el afectado, sino también para las autoridades, quienes iniciaron la carpeta de investigación FGE/QROO//BJ/12/25769/2023, ya que no hay constancia sobre la obtención, uso y comercialización del inmueble.
La Fiscalía General de QR (FGE) giró diversos oficios tanto a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), e instancias de la esfera federal, como a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para indagar la legalidad de la propiedad, que es ofertada de manera individual y en plataformas como Airbnb.
JUEGOS “SUCIOS” EN VILLA SHA
“Que los martinis no falten y que los dados rueden. Preparamos el ambiente con mesas de casinos y croupiers para una noche de juegos”. Es así como se ofertan noches de casino en la página de Villa Sha.
De acuerdo con la ley, dicha actividad debe estar regulada por la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Otras actividades que se realizan, presuntamente fuera de norma, es la venta de bebidas alcohólicas en una propiedad que también está abierta a menores.
Aunque Eric Fontaine –quien además se ostenta como representante de Airbnb Luxury– y Marcel Stillekens llevan años operando la propiedad, las irregularidades comenzaron a salir a la luz pública tras la demanda interpuesta en diciembre de 2023 por el CEO de Suitesbnb International Corp., quien gestionó a nombre de un cliente una renta vacacional por 21 noches, operación por la que se pidió un anticipo de 46 mil dólares (880 mil pesos mexicanos al tipo de cambio de esa fecha).
Sin embargo, el servicio –programado para el 4 de diciembre– nunca se realizó y tampoco se devolvió el dinero, acto que derivó en una demanda por más de un millón 200 mil pesos.
De acuerdo con la defensa de Marco Antonio García, durante los últimos cinco meses, ninguno de los señalados se ha presentado ante las autoridades para responder a la demanda, por lo que se han girado diversos citatorios, el último el 9 de abril.
Una vez que se judicialice la carpeta, y en caso de que el juez finque responsabilidades, los señalados podrían ser sujetos a una pena de 6 meses a 7 años de prisión, más el pago de una multa de 25 a 400 días por abuso de confianza; y de 3 a 12 años de prisión más 50 a 400 días de multa por fraude.
PIDEN REGULACIÓN
“Aquí se ejemplifican todas las irregularidades a las que se refieren los hoteleros ante la Fiscalía”, señala el afectado.
El caso de Marco Antonio García se da justo en el momento en que la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, solicitan al gobierno del estado una regulación más dura para las rentas vacacionales en Quintana Roo, que en los últimos cinco años han crecido exponencialmente.
De acuerdo con datos del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac (STARC), en el destino hay más de 64 mil unidades de este tipo, es decir, prácticamente la mitad respecto de las 130 mil habitaciones que provee la hotelería tradicional.
“Tienen un pago de servicios públicos como viviendas, no pagan por licencia, trámites y muchos no respetan el uso de suelo que es habitacional y no comercial, y hay probables incumplimientos legales”, explicó Francisco Madrid Flores, director de STARC.
Jesús Almaguer, líder de los hoteleros del destino y presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, mencionó que pese a que los propietarios ya están obligados a pagar algunos derechos y a estar registrados ante la Secretaría de Turismo estatal, esto no es suficiente, pues un centro de hospedaje está obligado a cumplir con muchos más requisitos, por lo que seguirán en una competencia desleal.
“Es muy fácil, a mí que no me cuesta ni licencia de funcionamiento, ya hay Airbnb que vende licor, y no pagan licencia de alcoholes”, dijo.