Los productores de chicle en Quintana Roo, respaldados por la reciente Indicación Geográfica Protegida (IGP) del Chicle Maya, enfrentan grandes retos para aprovechar plenamente esta ventaja comercial. Fausto Aké Cauich, presidente del Consorcio Chiclero S.C. de R.L., destacó que la burocracia en la obtención de permisos forestales representa un obstáculo importante para los ejidos que buscan sumarse a esta actividad.
Aunque existen 1,500 recolectores activos, la producción actual no alcanza la demanda global de 600 toneladas anuales. Según Aké Cauich, muchos ejidos con potencial productivo quedan fuera del consorcio debido a la falta de recursos para pagar los estudios ambientales y permisos necesarios, cuyo costo ronda los 300 mil pesos.
"Hay muchos ejidos que están afuera porque no tienen revisiones forestales, lo que les impide sacar su producto", señaló.
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Las revisiones forestales deben renovarse anualmente, venciendo cada 31 de diciembre. Este plazo coincide con la temporada alta de recolección de goma de zapote, que va de septiembre a marzo. La falta de permisos vigentes durante los primeros meses del año ocasiona pérdidas significativas, ya que lo no recolectado en este periodo se pierde.
Además, la burocracia en la renovación y transporte del producto complica aún más la situación. "Algunos ejidos con gran potencial, como los de Naranjal y Tres Garantías, tienen extensas áreas de selva, pero no pueden comercializar porque no cuentan con las revisiones necesarias", explicó el líder chiclero.
La producción de chicle es una fuente de ingresos para alrededor de 1,500 familias en la región. Según Aké Cauich, asegurar los permisos a tiempo y reducir los costos asociados permitiría no solo satisfacer la demanda internacional, sino también mejorar la calidad del producto y la estabilidad económica de las comunidades.
"Entregar un producto de calidad es clave para mantener nuestra reputación y aprovechar la oportunidad que nos brinda la IGP", afirmó.
Los productores chicleros hacen un llamado a la Semarnat para simplificar los trámites y reducir los costos, con el objetivo de garantizar que esta actividad ancestral continúe siendo una fuente sostenible de ingresos y un emblema de la riqueza natural de la selva maya.