El director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar Urrutia, informó que actualmente se encuentran en curso cerca de 50 procedimientos de retiro de concesión de taxis en todo el estado. Estos procesos están relacionados con investigaciones por presunta comisión de delitos, cuya culpabilidad será determinada por la Fiscalía General del Estado (FGE) antes de proceder a la rescisión definitiva.
"El tema de los delitos corresponde a la fiscalía, no al instituto, y esto es algo que los sindicatos comprenden muy bien. Nuestro papel es actuar conforme a la ley una vez que la culpabilidad sea dictaminada por la autoridad correspondiente", subrayó Alcázar Urrutia.
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De acuerdo con el titular del Imoveqroo, el organismo maneja mensualmente un promedio de 100 infracciones a nivel estatal, relacionadas con irregularidades cometidas por operadores del transporte público. Sin embargo, solo una fracción de estos casos escala a procesos administrativos formales para la revocación de concesiones, generalmente debido a la gravedad de las acusaciones.
Actualmente, los procedimientos en curso oscilan entre 40 y 50, aunque Alcázar Urrutia evitó proporcionar cifras exactas debido a la naturaleza variable de los casos.
El director destacó que la relación entre el gobierno estatal y los sindicatos de taxistas es positiva, a pesar de que en ocasiones las medidas implementadas puedan generar tensiones iniciales. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de las regulaciones y fortalecer la transparencia en el sector del transporte público.
"Hemos mantenido un diálogo abierto con los sindicatos. La implementación de regulaciones más estrictas ha generado retos, pero el compromiso mutuo con la legalidad y la mejora de los servicios ha sido fundamental para avanzar", afirmó.
El Imoveqroo enfatizó su compromiso con la profesionalización del servicio de transporte público y la implementación de medidas que garanticen la seguridad y confianza de los usuarios. Los procedimientos actuales forman parte de una estrategia más amplia para sancionar irregularidades y promover un transporte seguro y eficiente en Quintana Roo.