En una sesión que se extendió hasta altas horas de la noche, el Congreso de Quintana Roo aprobó la reforma constitucional de supremacía, una medida que ha generado controversia al eliminar la posibilidad de juicio de amparo contra futuras reformas constitucionales y prohibir las controversias o acciones de inconstitucionalidad. Esta iniciativa, considerada de obvia y urgente resolución, fue aprobada sin revisión en comisiones y contó con el respaldo de los legisladores de Morena, PVEM y PT, mientras que los partidos de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) votaron en contra.
Con la modificación a los artículos 105 y 107 de la Constitución Federal, la reforma establece que los ciudadanos y entes públicos ya no podrán recurrir al juicio de amparo o a controversias constitucionales para impugnar adiciones o cambios en la Constitución. Esto implica que, en adelante, las sentencias de amparo únicamente beneficiarán a los demandantes individuales sin extender sus efectos a terceros, como ocurría en el pasado.
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Uno de los aspectos más críticos de esta medida es que ya no se podrán obtener sentencias que obliguen a autoridades a implementar soluciones de beneficio colectivo. Además, esta reforma impide que sentencias en casos de inconstitucionalidad de normas generales generen efectos extensivos, aún si las normas son declaradas violatorias de derechos humanos.
En la misma sesión, la XVIII Legislatura también aprobó por unanimidad una reforma en materia de bienestar social, que busca asegurar apoyos y derechos sociales a sectores en situación de vulnerabilidad. Esta reforma, respaldada por legisladores de todas las fuerzas políticas, incluye derechos fundamentales como el acceso a una vivienda digna, apoyo para personas con discapacidad permanente, pensiones para adultos mayores y medidas de seguridad para agricultores, campesinos y pescadores.
El propósito de esta reforma social es fortalecer el estado de bienestar en Quintana Roo y garantizar un mínimo de seguridad social para los sectores menos favorecidos. La iniciativa fue bien recibida en el Congreso, donde los legisladores coincidieron en la importancia de estos derechos para reducir la desigualdad y promover el desarrollo inclusivo en el estado.
Ambas minutas fueron remitidas al Congreso de la Unión, que ahora se encargará de recopilar y computar las ratificaciones de otros congresos estatales.