A partir del 1 de enero de 2025, el precio por estacionarse en las calles de la zona turística de Playa del Carmen aumentará de 10 a 12 pesos por hora. Así lo confirmó Diego Gracidas, representante de Playaparq, la empresa concesionaria que gestiona el servicio de parquímetros en la ciudad. Gracidas explicó que este incremento se debe a un ajuste inflacionario que, según la empresa, debió haberse implementado anualmente, pero que se realizará cinco años después de haberse estipulado este término en la concesión.
"Realmente se tendría que subir cada año por un tema de inflación, es hasta el quinto año que lo marcamos en la licitación. El incremento pasará de 10 pesos a 12 pesos únicamente, es el único cambio que habrá", señaló Gracidas. El ajuste también afecta el costo de fracción horaria, pasando de 2 a 2.50 pesos por cada 10 minutos, lo que en total representa un aumento de 50 centavos por fracción.
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La concesión de los parquímetros en Playa del Carmen ha sido tema de controversia desde su origen, el proyecto elaborado por el municipio de Solidaridad bajo la administración de Cristina Torres y aprobado durante la suplencia de Torres Gómez por Samaria Ángulo, ha enfrentado una fuerte oposición social. Varios sectores de la población han manifestado su desacuerdo y, en su momento, buscaron acciones legales para revocar la concesión, aunque sin éxito. La inconformidad se basa, entre otros factores, en el costo adicional para los residentes y turistas, así como en la percepción de que el sistema de cobro no beneficia adecuadamente a la comunidad.
Un factor adicional es el decreto presidencial de agosto de 2022, mediante el cual el gobierno federal declaró que las calles y vialidades del fundo legal de Playa del Carmen regresaron a ser propiedad de la nación y hasta la fecha, estas vías no han sido entregadas en propiedad al ayuntamiento de Solidaridad, lo que pone en cuestión la legalidad de las concesiones y cobros actuales en las vías públicas.
Aunque Playaparq sostiene que el aumento es mínimo y acorde con la inflación, la oposición social podría aumentar si el conflicto sobre la propiedad de las vialidades no se resuelve pronto.