El Congreso de Quintana Roo aprobó la reforma energética y el artículo 28 dando respaldo a las iniciativas presentadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio. La propuesta fue impulsada por los partidos Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sin necesidad de ser turnada a comisiones para un análisis más amplio.
El diputado Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) aseguró que la reforma representa un paso decisivo en la modernización y recuperación del servicio ferroviario de pasajeros, pues en 2018, Andrés Manuel López Obrador, reanudó la visión de revitalizar el transporte ferroviario para beneficiar al país.
¿De que trata la reforma al artículo 28 que aprobó el Congreso de Quintana Roo?
En cuanto al artículo 28, la reforma subraya que la planeación y control del sistema eléctrico nacional tendrán como objetivo preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación. Además, se establece que el servicio de Internet y la explotación de litio, en manos del Estado, serán áreas estratégicas donde no se permitirá la creación de monopolios privados.
Se establecerá que el estado podrá ejercer de manera exclusiva el área estratégica de los ferrocarriles, tanto para transporte de pasajeros como de carga, sin que esto se constituya como un monopolio.
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¿Qué busca cambiar la Reforma Energética de AMLO que acaba de ser aprobada en Quintana Roo?
Esta reforma fue presentada como una respuesta a la invalidación de la Ley de la Industria Eléctrica de 2022 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual había sido implementada como reacción a la controvertida Reforma Energética de 2013. Con esta nueva reforma, se pretende fortalecer la soberanía energética del país y asegurar que los recursos naturales sean administrados bajo un enfoque social y económico que beneficie a la población.
La reforma energética busca modificar la Constitución para que las empresas productivas del Estado se transformen en empresas públicas, reforzando la participación estatal en sectores clave como la electricidad y el litio. El artículo 27 de la reforma, avalada previamente por el Senado y turnada a los congresos locales, establece que si bien se respetará la participación privada en la industria eléctrica, no se permitirá que prevalezcan sobre la empresa pública del Estado, que será la encargada de garantizar el servicio de electricidad accesible y continuo.